México ha suscrito el Acuerdo de Escazú, comprometiéndose a proteger el medio ambiente y promover la transparencia, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Para cumplir con este acuerdo, el gobierno mexicano debe implementar decisiones clave que fortalezcan la a protección de los derechos de las personas defensoras y aborden los desafíos ambientales actuales, esto implica armonizar las leyes y políticas ambientales existentes, diseñar estrategias efectivas y contar con la participación de diversos actores sociales.